El escándalo por el "caso López" ya mezcló la política, la Justicia y el deporte. Ahora, incluso, parece haber trascendido los límites de esta provincia. En un documento conjunto, los colegios de abogados del NOA reclamaron al gobernador, José Alperovich, que fundamente las razones por las que elige a uno de los integrantes de las ternas elaboradas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Reunidos en Salta para analizar la problemática judicial de la región, la discusión de coyuntura que envuelve desde hace semanas a Tucumán ocupó buena parte del debate. E, incluso, del pronunciamiento definitivo de los colegios de abogados de esta Capital y del Sur, de Salta, La Rioja, y de los colegios y consejos de letrados de Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy.
"Solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán que fundamente las razones de la elevación del pliego a la Legislatura de uno de los abogados ternados, seleccionados por el Consejo Asesor de la Magistratura", sostiene el primer artículo del documento firmado por la Federación de Colegios de Abogados del NOA. Aunque sin mencionarlo, el pronunciamiento surge a partir de la polémica surgida por el caso del letrado Carlos López: aspirante a juez seis veces vetado por el Poder Ejecutivo local.
Cansado de ser rechazado en la instancia política del proceso de selección de magistrados, el secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción recurrió a la Justicia. El 2 de junio, Rodolfo Novillo, presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el concursante frustrado y paralizó la designación de Diego López Ávila como fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de esta Capital. Mediante una acción de amparo, López argumentó que dicho acto discrecional es nulo puesto que el gobernador se inclinó por el segundo de la terna -que él encabezaba- sin fundamentar su decisión.
El pleito salió de la órbita de la Sala II hace 10 días por decisión de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal declaró su competencia exclusiva y originaria en el caso, como le había peticionado el abogado Aldo Luis Cerrutti con el patrocinio del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Precisamente, los vocales de la Corte deben resolver ahora el expediente iniciado por López.
En ese contexto, el documento de las entidades profesionales de abogados de la región vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo, una vez concluido el concurso de antecedentes y oposición diseñado por el CAM, y elevada la terna final, respete el orden de mérito que surge tras ese concurso.
"En reiteradas oportunidades el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales, ha prescindido del orden de mérito elevado por el CAM para la designación de los magistrados sin fundamentar los motivos del apartamiento y/o designación. Ese acto comparte la naturaleza de los actos administrativos, por el cual debe fundarse en garantía de su legitimidad", sostiene el pronunciamiento de la federación regional.
Luego, los profesionales destacaron que el nombramiento de magistrados ("dada su relevancia institucional", adujeron) merece que se determinen las razones de la designación "como un hecho positivo o el motivo del apartamiento del orden de mérito, como un hecho negativo". Y advirtieron que, aunque la ley le otorga discrecionalidad al PE para concretar la designación, la fundamentación del acto "lo despoja de toda sospecha de arbitrariedad, contribuyendo a un buen ejercicio de la democracia, la cual exige la publicidad de los actos de gobierno".
Finalmente, la Federación de Colegios de Abogados del NOA también solicitó al Poder Legislativo tucumano que requiera el motivo de la selección al Poder Ejecutivo, en caso de que este no haya justificado la elección o el rechazo de uno u otro postulante surgido de la terna del CAM.